La capital caldense vive una disputa sin resolver sobre el costo del pasaje de bus. Un fallo judicial emitido esta semana sacudió la política tarifaria del transporte público en Manizales: el Juzgado Octavo Administrativo de la ciudad suspendió provisionalmente el Decreto 0639 del 31 de diciembre de 2025, mediante el cual la Alcaldía había fijado las nuevas tarifas para este año.
La decisión fue impulsada por una demanda interpuesta por el ciudadano Santiago Osorio Marín, quien cuestionó la legalidad del alza aplicada tras el incremento extraordinario del salario mínimo nacional del 23,7% decretado por el Gobierno. Según Osorio, la Administración Municipal tomó una decisión arbitraria al fijar un aumento uniforme de $350 para buses, busetas y microbuses, sin respaldarlo con un estudio técnico integral que justificara la modificación.
Lo que dice el fallo
El despacho judicial encontró que el ajuste tarifario no cumplió con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente. El estudio inicial del municipio contemplaba incrementos diferenciados —entre $334 y $344— dependiendo del tipo de vehículo, pero la Alcaldía aplicó un valor único de $350 para todos. Esa uniformidad, según el juez, carece de sustento.
Como consecuencia, el fallo le impone a la Administración Municipal un plazo de 90 días para elaborar y presentar un nuevo estudio de costos detallado y técnicamente riguroso. Además, exige que el proceso incluya una socialización previa con empresas transportadoras, usuarios, veedurías ciudadanas y demás actores vinculados a la movilidad urbana.
Las tarifas actuales y lo que estaba en juego
Desde el 1 de enero de 2026, los manizaleños vienen pagando $3.000 por el bus básico, que antes costaba $2.650. Con el fallo en firme, esas tarifas quedan suspendidas temporalmente mientras avanza el proceso judicial. No obstante, la Secretaría de Movilidad aclaró que la suspensión cautelar no es una decisión definitiva y que el trámite legal continúa su curso.
La misma cartera municipal recordó que el despacho judicial reconoció la existencia de un estudio técnico previo elaborado por el municipio, lo que podría favorecer su posición en las etapas siguientes del proceso.
Transportadores contra el demandante
La reacción del sector transportador no se hizo esperar. Claudia Gómez, representante de Socobuses S.A., salió al paso con una dura crítica: «Lo que Santiago Osorio está haciendo es clavarle el puñal al usuario, no a nosotros». La directiva argumentó que los estudios realizados tanto por las empresas como por la propia administración señalan que la tarifa debió ser incluso más alta, y advirtió que la incertidumbre jurídica pone en riesgo la estabilidad financiera del servicio.
En el fondo, el debate refleja una tensión permanente en las ciudades colombianas: cómo equilibrar la sostenibilidad del transporte público con la capacidad de pago de los ciudadanos, especialmente en contextos de alta inflación y alzas salariales que presionan los costos operativos.
¿Qué sigue?
La Alcaldía de Manizales tiene ahora el reloj corriendo. En los próximos tres meses deberá presentar un estudio que sea técnicamente sólido, participativo y transparente. Si no lo hace, o si el resultado no supera el escrutinio judicial, la ciudad podría enfrentarse a un limbo tarifario que afecte tanto a usuarios como a operadores.
Mientras tanto, los manizaleños siguen abordando sus buses sin certeza sobre qué tarifa pagará mañana.
